Dr. Juan D. Balanzátegui Sánchez
A casi un año de los trágicos acontecimientos en Ayotzinapa, la verdad histórica de la PGR sobre lo sucedido a los estudiantes, fue puesta en duda por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a petición expresa del gobierno de México. El informe de las investigaciones presentado por los expertos causó gran revuelo nacional e internacional, al poner en duda la versión del Estado mexicano sobre la muerte de los 43 normalistas. También causó gran polémica, pues varias voces ciudadanas apoyan la versión oficial de la PGR y cuestionan el método y las fuentes del grupo de expertos.
El GIEI trabajó de manera intensa durante medio año, tiempo en el cual leyó y analizó las investigaciones llevadas a cabo por las procuradurías, federal y estatal de Guerrero. También utilizó como una parte fundamental de su estudio documentos, declaraciones y pruebas que ya constaban en el propio expediente oficial. Los expertos llevaron a cabo su propia investigación sobre los aspectos considerados clave. Contó con peritajes de expertos independientes de reconocida trayectoria internacional. Las revelaciones son en su mayor parte descriptivas y responden a los más altos estándares de la investigación en Derechos Humanos (DH). Recogen las 3 áreas centrales incluidas en el mandato del GIEI. En medio de la polémica generada, por los resultados, éstos arrojan nuevas visiones tanto sobre lo sucedido en la agresión directa sufrida por los normalistas como en su posible destino posterior. Sin embargo, a decir del reporte, se reconoce que no se trata de un diagnóstico definitivo de lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos. El documento señala al menos 3 temas que podríamos identificar como torales mismos que cimbraron a la sociedad mexicana. Se trata de la participación de elementos de diferentes fuerzas de seguridad o del Ejército que observan los ataques, la omisión de información como el caso de un quinto autobús involucrado la fatídica noche del 26 de septiembre, así como la duda que los cuerpos de las víctimas hayan sido incineradas en el basurero de Cocula.
Objetivo de los Ataques
En el primero de ellos, el GIEI destaca que las fuerzas de seguridad de policía estatal, municipal y federal, además del Ejército mexicano, cuentan con un sistema de coordinación conocido como c-4. Éste operó durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Las diferentes comunicaciones a las que pudieron tener acceso el grupo interdisciplinario, muestran que dichas informaciones eran escuchadas por los grupos policiacos. Las cámaras de seguridad que forman parte del sistema de vigilancia y coordinación podrían proporcionar información sobre una parte de estos hechos, pero se señaló que estaban inutilizadas y en otros casos no se proporcionaron a la PGR ni al GIEI. Otras fueron al parecer destruidas, y 3 grabaciones de video de la estación de autobuses pudieron rescatarse tras las gestiones del GIEI en las cuales se observa presencia policial a pie en la calle Hermenegildo Galeana tras salir los autobuses de la Central.
Se conoció que tras la detención de los normalistas una patrulla del Ejército visitó la comisaría de barandilla donde aparentemente habría sido llevado un grupo de estudiantes detenidos, y posteriormente la misma se dirigió al Hospital Cristina donde se había refugiado un grupo de sobrevivientes y uno de los heridos graves. También resguardó la escena del crimen donde quedaron muertos 2 jóvenes en la calle tras el segundo ataque. Posteriormente, otra patrulla del Ejército llegó entre 6 y 7 am y montó guardia en el lugar donde apareció el cuerpo torturado y sin vida de Julio César Mondragón, antes de que llegaran las autoridades civiles.
El Quinto Autobús
En el marco de la investigación, surgió la existencia de un quinto autobús involucrado en los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de 2015, el cual fue omitido por la PGR. Señala el reporte que, si bien la relación de los hechos con el narcotráfico ha sido señalada en diferentes momentos en la versión oficial, hay un aspecto que no había sido considerado. Por una parte, la información pública señala que Iguala es un lugar de comercio y transporte de estupefacientes, especialmente heroína, hacia Estados Unidos y especialmente Chicago. Los datos proporcionados al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante, de ahí que algunos autobuses son utilizados para transportar heroína o cocaína así como el dinero obtenido de este tráfico. “El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración en el tiempo e incluso el ataque posterior contra Los Avispones, al existir un autobús, tomado por los estudiantes que no había sido detenido. A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora”, detalla.
La Verdad Histórica del ex Procurador Jesús Murillo Karam, quedó en entredicho con el informe de los expertos del GIEI, sembrando la duda sobre si los normalistas fueron cremados en el basurero de Cocula.
Se explica en el informe que los estudiantes tomaron 5 autobuses, sin embrago uno de ellos, de la empresa Estrella Roja, no fue incluido en la investigación. El testimonio del chofer es contradictorio con el de los normalistas y con la hoja de ruta del propio vehículo, además, un escrito en el expediente confirma la versión de los estudiantes. Adicionalmente, la unidad presentada aparentemente no corresponde con la registrada en las cámaras de video de esa noche, de ahí que se convierta, a decir de los expertos, en un elemento central del caso. Se sospecha que la acción de tomar los vehículos por parte de los normalistas, a pesar de tener otros objetivos, como era transportarse para participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con la existencia de drogas ilícitas (o dinero) específicamente en el vehículo de Estrella Roja. El giei señala todas estas evidencias circunstanciales que confirman la importancia de investigar a profundidad esta hipótesis, ya que hasta el momento es la más consistente con la violencia desatada contra los normalistas, y posteriormente contra el equipo de fútbol de Los Avispones y otras personas.
Hipótesis de Quema de Cuerpos
Este fue el tema que causó más polémica y generó duda sobre las investigaciones realizadas por la PGR. La denominada Verdad Histórica del ex Procurador Jesús Murillo Karam, quedó en entredicho de acuerdo con los resultados de la investigación de los expertos del GIEI, al dejar en duda que los normalistas pudieron ser cremados en el basurero de Cocula. Previamente advierten que de acuerdo con sus investigaciones, la decisión de llevar a cabo un modus operandi tan atroz y sofisticado sin antecedentes, y por tanto sin contar con las directrices, práctica, métodos y materiales para llevar a cabo su desaparición hasta convertir sus cuerpos en restos que ni siquiera puedan ser identificados con pruebas de ADN, no tiene precedentes en la forma en que opera el grupo delictivo de Guerreros Unidos.
Imposible establecer si los fuegos ocurridos en el basurero municipal fueron de dimensiones suficientes para la incineración de uno o más cuerpos.
De ahí que el GIEI pidió un peritaje independiente al Doctor peruano José Torero, una persona con reconocimiento mundial en investigaciones sobre incendios, para realizar un trabajo de campo, examinar las pruebas, contrastar las declaraciones ministeriales de inculpados a fin de pronunciarse de acuerdo a sus conocimientos, experiencia, verificación en terreno y experimentos realizados en los laboratorios de la Universidad de Queensland, respecto a 3 aspectos: 1) la posibilidad de la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, en el tiempo y con las circunstancias relatadas por algunos presuntos responsables, 2) que analizara el trabajo de recolección de evidencia efectuado por los peritos y 3) que ilustrara acerca de lo que se requeriría para que 43 cuerpos quedaran en condición de incinerados o “cenizas”.
Sus conclusiones fueron las siguientes:
- Que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis, generada con base en testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014.
- Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula sólo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida.
- Toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula. De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura. Ninguno de estos elementos muestra estos daños.
- Es imposible establecer si los fuegos ocurridos en el basurero municipal de Cocula fueron de dimensiones suficientes para la incineración de uno o más cuerpos, pero no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo.
- No existe ninguna evidencia que muestre que la carga de combustible necesaria para la cremación de cuerpos haya estado en algún momento disponible en las cercanías del basurero municipal de Cocula.
- Los testimonios indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas para lo que sería el fuego mínimo necesario para la cremación de 43 cuerpos.
- También señala el peritaje las limitaciones científicas y técnicas que tuvieron los estudios realizados hasta ahora para una investigación de esta naturaleza por lo que sus conclusiones son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación.
Con estos antecedentes y con base en el informe del Dr. Torero, el GIEI afirma que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.
Conclusiones Finales del GIEI
Para el GIEI todas estas circunstancias y hallazgos muestran tanto las deficiencias en el trabajo realizado por las autoridades, así como en las tareas que quedan pendientes para brindar la justicia que los familiares y México esperan del caso. Incluida por supuesto, una investigación efectiva de las diferentes responsabilidades y el esclarecimiento del destino de los 43 normalistas desaparecidos. A su juicio, los avances propiciados en estos meses constituyen un paso positivo; sin embargo, considera que debe darse un replanteamiento general en función de los resultados de la investigación.
El acuerdo para la incorporación de asistencia técnica, establece que a partir de las recomendaciones del GIEI, el Estado debe fortalecer “sus capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación de casos de desaparición forzada”. Por esta razón y como parte de su contribución a la prevención, investigación, sanción y reparación en los casos de desaparición de personas en general y específicamente de la desaparición forzada en México, se formularon recomendaciones bajo 3 dinámicas:
En primer lugar, surgen de la experiencia de trabajo durante los 6 meses que ha tenido el GIEI en México en torno al caso de Ayotzinapa, incluyendo las recomendaciones ya realizadas al Estado durante el proceso de investigación, las sugerencias formuladas a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR sobre el borrador del Protocolo homologado para la investigación del delito de desaparición forzada, y las observaciones formuladas a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación acerca del Anteproyecto de Ley General del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas y para la Prevención y Sanción de los Delitos de Desaparición de Personas.
En segundo lugar, recogen y concretan, a la luz de la experiencia del caso Ayotzinapa, algunas recomendaciones ya formuladas por organismos intergubernamentales de protección de DH para la situación mexicana, en particular, de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada. Esto porque las recomendaciones que debe formular el GIEI, según se indica de manera repetida en varios puntos del acuerdo, deben ser “conforme a los más altos estándares internacionales y a las mejores prácticas regionales”.
Activistas de la sociedad civil como Isabel Miranda de Wallace denunciaron una serie de inconsistencias en el reporte, subrayando la importancia de contar con información que coadyuve a que se hagan efectivos los derechos a la verdad.
Finalmente, muchas de ellas son parte de un proceso de consulta hecho por el GIEI, de manera específica durante un taller sobre este tema realizado el 20 de julio de 2015 con organizaciones de víctimas y organizaciones de DH.
Reacción Oficial vs el Informe de GIEI
Una vez dado a conocer el informe de los expertos de la CIDH hubieron diferentes reacciones: el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que atenderán las recomendaciones, sin tomar partido a favor o en contra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su titular Luis Raúl González Pérez, manifestó que el documento está ya integrado al expediente de investigación que la CNDH tiene abierto sobre el caso y será debidamente analizado, asegurando que hay muchas coincidencias con el trabajo presentado por la Comisión en julio pasado denominado Estado de la Investigación del Caso Iguala. Recalcó el Ombudsman nacional que para la CNDH la investigación del caso está abierta y que las autoridades no debe descartar ninguna línea de investigación, refrendando su voluntad para continuar interactuando con el GIEI, respecto de la evolución y atención de los acontecimientos.
Activistas de la sociedad civil como Isabel Miranda de Wallace, denunciaron una serie de inconsistencias en el reporte, subrayando la importancia de contar con información que coadyuve a que se hagan efectivos los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño a las víctimas, así como a la no repetición de hechos como los ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Afirmó que era insólito que un organismo internacional concluya que el robo de camiones y el secuestro de personas son naturales en México; además, enumeró una serie de errores tomados por los expertos, así como el intento por demeritar el trabajo y la credibilidad de las instituciones mexicanas con un reporte incompleto y parcial. Según la señora Miranda de Wallace, hasta el momento no han declarado 40 normalistas involucrados; a lo que se suma varios padres de estudiantes desaparecidos, con lo cual es difícil construir una investigación formal, confiable y objetiva al faltar este tipo de información. Además, acusó que datos ya conocidos los hayan utilizado como novedad, como es el caso, ejemplificó, de ropa encontrada en uno de los autobuses.
Desechó así la hipótesis de desaparición forzada, ya que existe evidencia de elementos policiacos que ayudaron a normalistas a recibir asistencia médica. Por eso, acusó que los “expertos” se dejaron llevar por oídas, al no analizar con detenimiento el expediente, motivo por el cual existen contradicciones así como omisiones. En este sentido, cuestionó la intromisión de la CIDH, quien fue la responsable de enviar a los especialistas y avalar su trabajo, el cual, a decir de la activista, existe una parcialidad sobre el trabajo realizado. Se sumó a la exigencia de expulsar del país a los expertos y no ampliar su permanencia por 2 meses como se había anunciado.
Identifican Restos de Otro Estudiante en el Basurero de Cocula
La lluvia de descalificaciones tuvo su clímax la noche del 16 de septiembre, cuando la titular de la PGR, Arely Gómez González, anunció la identificación de los restos de otro estudiante, obtenidos, precisamente, del basurero de Cocula. Se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz, el cual, luego de varios estudios especializados en la Universidad de Innsbruck, Austria, se concluyó que se trataba de los restos de un segundo normalista. La Procuradora informó que los resultados se incorporarán a la averiguación previa relacionada con la investigación de estos hechos, e informarán al juez de la causa, para que esa autoridad jurisdiccional determine legalmente lo conducente. “He comunicado estos resultados a los abogados que representan a los padres de familia y al Equipo Argentino de Antropología Forense, éstos últimos ya cuentan con el dictamen completo de análisis de ADN mitocondrial que nos remite la universidad austríaca”, destacó Arely Gómez.
Además, comentó que ha instruido integrar un equipo de trabajo conformado por especialistas, médicos, antropólogos y genetistas a quienes en un ejercicio de apertura y transparencia podrán sumarse los coadyuvantes, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el GIEI para que uno a uno sean revisados y evaluados nuevamente los más de 63 mil fragmentos óseos que fueron recolectados del Río San Juan y del basurero de Cocula, con el objetivo de que científicamente se pueden hallar nuevos indicios viables para la identificación por cualquier método. “Estos resultados serían enviados en una nueva solicitud a la Universidad de Innsbruck, institución que ha demostrado, mediante nuevas tecnologías de análisis genético su capacidad para identificar el ADN de personas a partir de fragmentos con alto nivel de deterioro».
Identifica la PGR a otro
normalista de Ayotzinapa con
los restos encontrados en el
basurero de Cocula.
Recordó Arely Gómez que derivado del hallazgo de una bolsa con fragmentos óseos el 29 de octubre de 2014, peritos de la PGR así como del Equipo Argentino de Antropología Forense procedieron a su limpieza y a la selección de 17 muestras en mejores condiciones para su procesamiento. De dicho análisis, refirió, se concluyó que debido al alto nivel de degradación resultaba difícil la extracción de ADN que permitiera su identificación; por lo cual ambos equipos coincidieron que los estudios genéticos debían realizarse en laboratorios altamente especializados. Motivo por el cual a propuesta del Equipo Argentino de Antropología Forense se acudió a la Universidad de Innsbruck, Austria, por la trayectoria de dicho laboratorio reconocido internacionalmente en el procesamiento de muestras en difíciles condiciones de degradación o conservación.
