El informe del Grupo Interdisciplinaria de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud del Estado mexicano, resultó una “bomba” para la administración del Presidente Enrique Peña Nieto (EPN) y puso en evidencia otro más de los desaciertos de estrategia de sus asesores políticos, que bien pudieron prever sus conclusiones y pedir que se entregara días después del aniversario de los hechos de Iguala, sobre todo, si quien está pagando los servicios del Grupo de Expertos es el propios Gobierno Federal.
Ahora el Presidente Peña Nieto ha tenido que afrontar una serie de consecuencias que le pegan en su credibilidad y aceptación popular, bastante mermada por estas fechas, particularmente porque con un solo peritaje, del especialista peruano en incendios José Torero, se pretende echar abajo la Verdad Histórica de la PGR, construida por el ex Procurador Jesús Murillo Karam.
Ni la respuesta inmediata de Enrique Peña Nieto ni la de la Procuradora Arely Gómez González, han detenido la polémica y la ola de críticas sobre la actuación oficial en la investigación de los hechos ocurridos con los estudiantes de Ayotzinapa, al grado que ha trascendido que el recién nombrado Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, ha cuestionado la forma en que realizó las investigaciones Tomás Zerón de Lucio, Director General de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Son 3 esencialmente los puntos del Informe del GIEI que contradicen a las PGR: que los cuerpos de las víctimas no fueron incineradas en el basurero de Cocula; que el quinto autobús es clave en la investigación y apenas y se menciona y; la posible participación de elementos de fuerzas federales o del Ejército.
Luego del ríspido encuentro de EPN con los padres de los 43 normalistas desaparecidos en el Museo de la CFE, el expediente tendrá que ser totalmente reabierto y no le quedará otra opción que acceder, cuando menos, a las siguientes peticiones: la aceptación plena del informe y las recomendaciones del GIEI, así como su permanencia en el país; integrar un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos del basurero de Colula, en el que participe el Dr. José Torero y; la instalación de una unidad especializada de investigación (Fiscalía), con supervisión internacional, además de instrumentar acciones de fondo frente a la crisis de impunidad y violaciones de Derechos Humanos (DH) que vive México.
Para revertir este entorno adverso y no salir más perjudicado, el Presidente Peña Nieto tendrá que dirigir personalmente la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, incluido el exGobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien ha venido gozando de un paraíso de impunidad en este asunto.
