Generalmente esta autoría se refiere a los temas que son de su expertise: el Derecho Laboral, sin embargo, en esta ocasión utilizaré mi pluma (simbólicamente), para expresar una opinión que afecta a todas las ramas del Derecho y a su manera de ejercerlo.
Sabido es que una “guerra” se ha desatado desde que el Ejecutivo Federal realizó una serie de declaraciones acerca del actuar de un Juzgador, insinuando que estaba al “servicio de los particulares”, declaraciones que incluso se transformaron en “observaciones” realizadas hacia el Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es de sorprender que dicho actuar generó molestia en múltiples Colegios, Barras y demás Asociaciones de juristas que señalábamos ese actuar como antidemocrático y totalitario.
Pues la controversia no ha quedado ahí, valientes juzgadores decidieron otorgar nuevamente suspensiones contra la famosa reforma eléctrica y ahora el Ejecutivo Federal anuncia que de ser necesario presentará iniciativas constitucionales (como insinuando que de ser imperante, hará lo que tenga que hacer para que sea constitucional), ya no se ha quedado en meras palabras, una diputada federal, oriunda del estado de Michoacán y perteneciente a la bancada del partido en el poder ha presentado una iniciativa que pretende modificar la Ley de Amparo, para que, básicamente los Jueces adscritos al Poder Judicial de la Federación carezcan de atribuciones para “evitar obstaculizar judicialmente las medidas de fomento y apoyo que se han emprendido para revitalizar tanto a la CFE como a Pemex” y además “para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado” léase, desde nuestra óptica: “impedir a los Juzgadores otorguen suspensiones contra leyes o determinaciones que hayan surgido directamente del Ejecutivo Federal”.
Lo anterior, es sumamente grave, al grado que la mayoría de los simpatizantes (no juristas obviamente) no comprenden que están aplaudiendo lo que podría ser un antecedente directo de la extinción de nuestro Estado de Derecho.
No comprender el motivo de la división de poderes, es peligroso, no comprender que el contrapeso que guarda la convivencia entre ellos, sin que uno sea más que el otro, sin que ninguno se someta al otro, guarda un espíritu de equilibrio en la balanza de la paz social y si, el papel entre el uno y el otro es crear cierto contrapeso que mantenga el mencionado equilibrio.
No obstante, tal parece que el poder Ejecutivo no está interesado en mantener balanzas equilibradas ni en guardar respeto a la división de poderes, acusando a integrantes del Poder Judicial de estar alineados a “intereses particulares”, cuando la labor del Juzgador es sencillamente emitir resoluciones conforme a su criterio jurídico, ese es su papel, su deber en un Estado democrático y debe hacerlo en completa libertad, sin coacciones ni amenazas.
El Juez es la figura democrática que dirime las controversias, porque, en un Estado democrático, hay controversias, hay derecho a disentir, a emitir opiniones, a “manifestar lo que a derecho convenga”, es menester que el Ejecutivo Federal lo comprenda, de lo contrario estará guiando a una concentración del poder y ello solo tiene un nombre: Dictadura.
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